la Declarativa, en la cual el sentenciador solo determina la procedencia o no del derecho de los abogados a cobrar los honorarios reclamados; y la Ejecutiva, que comienza con la sentencia definitivamente firme que declara procedente el derecho a cobrar los honorarios y concluye con la determinación del quantum de dichos honorarios. Es la etapa de retasa", así como también de la decisión N° 67, de fecha 05/04/2001, de la misma sala, de la cual transcribimos lo siguiente: ".......Por tanto, si el ejercicio del derecho de acogerse a retasa se practica, conforme al Artículo 25 de la Ley de Abogados, dentro de los diez días siguientes a la intimación del pago, se estaría reconociendo que existe el derecho del cobro de los mismos", por lo que el caso bajo examen y de conformidad con el Artículo 22 y 25 de la Ley de Abogados, consiste en dejar terminada la fase declarativa y posteriormente iniciar la fase ejecutiva. Esta decisión se dicta en Nombre de la República Bolivariana de Ve.....

Por todo lo expuesto, y en razón de que existen incongruencias en el contenido de la referida solicitud, es por lo que este Tribunal NIEGA la misma.- Esta decisión se dicta Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.-

El Tribunal NIEGA la presente demanda, por cuanto resulta insuficiente las pruebas acompañadas por el querellante, es decir., no demuestra la perturbación de que dice ser objeto, ya que se evidencia del Justificativo de Testigo acompañado que no fue demostrado la ocurrencia del Despojo., todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 699 del Código de Procedimiento Civil.-

De tal manera considera quien aquí decide, que al no haberse acompañado la prueba escrita del derecho que se alega, esto es, facturas aceptadas, la demanda resulta INADMISIBLE, de conformidad con el ordinal segundo del Artículo 643 del Código de Procedimiento Civil y así se declara.-

En consecuencia, de la exhaustiva revisión de la presente solicitud se evidencia, que el apellido de la solicitante ciudadana LUISA DEL VALLE en el escrito libelar y en el acta de matrimonio no coinciden, por cuanto de la solicitud se constata CHAFFARDET y en el Acta de Matrimonio ABACHE., es por lo que este Tribunal NIEGA dicha solicitud.-

De la revisión de las actas que conforman la presente demanda, se observa que el actor no señalo en que consistía el peligro de ilusoriedad del fallo (periculum in mora), ni aporto medios de prueba que hagan surgir la presunción de tal circunstancia.- De manera que de conformidad con lo antes expuesto se NIEGA la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada y así se decide.- Esta decisión se dicta en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.

Los anexos presentados por la empresa CENTRO MEDICO ANACO COMPAÑÍA ANONIMA, con su demanda, que califica de facturas aceptadas carente de fuerza probatoria a los fines de ejercer la pretensión fundamentada en el Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, porque si bien, de conformidad con el Artículo 147 del Código de Comercio, la aceptación de las facturas puede ser expresa o tácita, sin embargo tal prueba no emerge de las facturas consignadas por el actor.- De tal manera que considera quien aquí decide, que al no haberse acompañado la prueba escrita del derecho que se alega, esto es, facturas aceptadas, la demanda resulta INADMISIBLE, de conformidad con el ordinal segundo del Artículo 643 del Código de Procedimiento Civil y así se declara.-

el Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, es el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido de mutuo acuerdo su residencia, lo cual viene a determinar la competencia territorial del Tribunal que ha de conocer la causa, y tomando en consideración que las normas sobre esta materia son de eminentemente de orden público, el Tribunal con fundamento en el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil aplicable al presente procedimiento a tenor de lo dispuesto en el Artículo 22 ejusdem, NIEGA la admisión de la presente solicitud.-