este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, y dejando a salvo los derechos de terceras personas que puedan tener sobre la mencionada justificación la DECLARA TITULO SUPLETORIO DE DOMINIO sobre la bienhechuria mencionada que ejerce el ciudadano JOSE ANTONIO LOPEZ MUÑOZ.-

este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, y dejando a salvo los derechos de terceras personas que puedan tener sobre la mencionada justificación la DECLARA TITULO SUPLETORIO DE DOMINIO sobre la bienhechuria mencionada que ejerce el ciudadano ANDRES AGUILERA MERIDA.-

En consecuencia, y con fundamento a los análisis antes realizado este Tribunal en Funciones de Juicio Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY ACUERDA la Revisión de la Medida Cautelar Sustitutiva, en lo concerniente a la reconsideración de las unidades tributarias exigidas, y equivalente al sueldo de cada uno de los fiadores; rebajándose las mismas a treinta (30) unidades, sin que ello signifique la aplicación de una Caución Juratoria. Todo de conformidad con lo consagrado en el artículo 264 en concordancia con el artículo 263 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese.

Este Tribunal de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA LA REVISION de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en contra del acusada, CLAUDIA ESPINOSA. Por considerar que no han variados las circunstancias que motivaron a este Juzgador a decretar dicha medida. Notifíquese. Cúmplase.

En fuerza de las antecedentes consideraciones, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decreta medida cautelar de amparo y, en consecuencia, suspende los efectos de la providencia administrativa N° 002-05 dictada en el expediente N° 001-05 en fecha 20 de enero de 2006 por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en los Estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, mediante la cual se impuso a PDVSA-Refinería de Puerto La Cruz multa de setenta y seis (76) unidades tributarias (UT), equivalentes a treinta y tres millones quinientos dieciséis mil bolívares (Bs. 33.516.000), así como de la planilla de liquidación N° 0077 de la misma fecha, ello mientras dure esta causa.

Con vista de las consideraciones que anteceden, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE, la impugnación presentada por la representación judicial de la parte demandada, respecto de la experticia complementaria del fallo presentada por la experta GLORY VILLALBA BANDRES, tomándose en consecuencia el monto de la ultima de las experticias, por cuanto está más actualizada.

Este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley ORDENA JUICIO ORAL y PÚBLICO en contra del acusado JESUS ALBERTO VALDEZ PEREZ , por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 de la Reforma del Código Penal ,cometido en perjuicio del ciudadano JOSE ENRIQUE PUELLO ESPINOZA, Se emplaza a las partes para que en un lapso común de cinco (05) días concurran ante el Tribunal de Juicio que corresponda de éste Circuito Judicial Penal, y se insta al Secretario a remitir las actuaciones en su oportunidad legal. de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase lo ordenado.-

Por todo los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE POR IRRECURRIBLE, de conformidad con los artículos 437, literal "c", 447, numeral 2 y 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal, el Recurso de Apelación interpuesto por los ciudadanos EDUAREDO ADRIAN REBOLLEDO ORTEGA, titular de la cedula de identidad N° V- 15.533.752 y CARLOS GONZALEZ COLMENARES, titular de la cedula de identidad N° V- 12.769.55 (sic), en su condición de acusados, debidamente asistidos por el profesional del derecho PAUL ALBERTO MALAVER, contra la decisión dictada en fecha 06 de abril de 2006, por el Tribunal de Control N° 02 de este Circuito Judicial Penal, Extensión El Tigre, mediante la cual en la oportunidad de la Audiencia Preliminar, declaró sin lugar la excepción opuesta por la defensa y acordó el mantenimiento de la Medida Privativa Ju.....

En fuerza de las antecedentes consideraciones, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decreta medida cautelar de amparo y, en consecuencia, suspende los efectos de la providencia administrativa N° 003-06 dictada en el expediente N° 002-05 en fecha 23 de enero de 2006 por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en los Estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, mediante la cual se impuso a PDVSA-Refinería de Puerto La Cruz multa de quinientas noventa y cuatro (594) unidades tributarias (UT), equivalentes a setecientos cincuenta millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos bolívares (Bs. 750.934.800), así como de la planilla de liquidación N° 0082 de la misma fecha, ello mientras dure esta causa.....

En fuerza de las consideraciones precedentes, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por Aníbal Rafael Granado Martínez contra la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja.