...este Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por prestaciones sociales y otros conceptos, interpuesta por el ciudadano PABLO JOSE SANTINI MALAVER, a través de sus apoderados judiciales Abogados DAIVY JOSE CASTELLINI VARGAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 169.214, contra la sociedad mercantil OPTIMUS GROUP, C.A.; Así se decide. SEGUNDO: Se condena a la demandada a cancelar al reclamante la cantidad global de NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO BOLIVARES CON 64/CTMOS, por concepto de garantía de prestaciones sociales, intereses, vacaciones y bono vacaciona fraccionado, utilidades fraccionadas, mas lo que resulte de la experticia complementaria del fallo ordenada al respecto. Así se decide. TERCERO: No hay cond.....

...el Tribunal que sustanció la causa, se pronuncie sobre la admisión de la demanda respecto a la empresa BOLIVARIANA DE PUERTOS, S.A. (BOLIPUERTOS) y con ello notificar de la admisión al Procurador General de la República por estar involucrados en esta causa intereses patrimoniales de la Nación, por lo que se declara la nulidad de todo lo actuado tanto por el Tribunal de Sustanciación y Mediación como las actuaciones desplegadas por este Juzgado de Juicio, estando con ello este Tribunal impedido de pronunciarse sobre el fondo del asunto en esta oportunidad, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 206 y 211 del Código de Procedimiento Civil Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de esta decisión...

...este Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara Parcialmente Con Lugar la acción intentada; debiendo los demandados EDITORIAL DOS MIL, C.A. y EDITORIAL LA PRENSA, a pagar a la parte actora, ya identificados, los montos condenados; y así se decide. Conforme al artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se condena a la parte perdidosa a pagar a los demandantes los intereses moratorios e indexación previstos constitucionalmente y legalmente, bajo los parámetros establecidos por nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social, determinándose mediante experticia complementaria del fallo la cual se debe practicar considerando: 1) En lo que respecta a los intereses moratorios causados e indexación por la falta de pago de la garantía de las prestacio.....

De igual manera observa esta Instancia que la parte actora pretende a través de la presente acción, la ejecución de un contrato de servicio celebrado con la parte demandada, tal como lo afirma en su escrito libelar al señalar: "...Nuestra representada cumplió con su obligación de "hacer", es decir, prestar el servicio de transporte; objeto de la empresa, en el momento oportuno en cada oportunidad que la demandada lo necesitaba, con personal calificado y contratado por nuestra representada, no teniendo que cumplir con ninguna otra obligación. El servicio se prestó de manera oportuna con la responsabilidad y profesionalismo que caracteriza a nuestra mandante, a satisfacción de la empresa demandada, siendo lo esperado que se diera cumplimiento a la obligación de pagar el importe correspondiente a cada factura...", de la anterior redacción se desprende que ambas partes contratantes establecieron el cumplimiento de obligaciones, por lo tanto en criterio de esta Instancia la prestación re.....

De la anterior transcripción se desprende una de las condiciones necesarias para hacer valer la pretensión por el procedimiento de intimación, a saber: que la prestación verse sobre un derecho de crédito, liquido y exigible, en ese sentido se observa que en el presente caso el derecho subjetivo sustancial que se hace valer con la demanda no es un derecho de crédito, por cuanto las facturas anexadas al libelo de demanda, como antes se dijo, son facturas de contado, por ende no tienen fecha de vencimiento, pues es lógico inferir que dicho pago es efectuado al momento de emitir la factura, por lo que en criterio de esta Instancia en el caso planteado las referidas facturas no cumplen con el requisito de exigibilidad del crédito previsto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, siendo así, concluye esta sentenciadora que estamos en presencia de una causal de inadmisibilidad de la demanda por el procedimiento monitorio, salvo el derecho que corresponde al actor de hacer valer .....

De igual manera observa esta Instancia que la parte actora pretende a través de la presente acción, la ejecución de un contrato de servicio celebrado con la accionada, tal como lo afirma en su escrito libelar al señalar que la demandada: "...contrato con su representada la prestación de Servicios de Seguridad, Custodia y Vigilancia Prestados en sus instalaciones...En ejecución del trabajo mi representada una vez culminado el mes emitía su facturación por el servicio prestado y el pago debía ser emitido los primeros cinco (5) días de entrega de cada factura, toda vez que ya habían sido revisadas previamente por la obligada"; de la anterior redacción se desprende que ambas partes contratantes establecieron el cumplimiento de obligaciones, por lo tanto en criterio de está Instancia la prestación reclamada está subordinada a la efectiva prestación del servicio contratado, y siendo que de la revisión efectuada a las actas que conforman el presente expediente no se evidencia que la parte ac.....

Conforme a las razones antes expuestas, este Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, imparte su homologación en todas y cada una de sus partes, a la transacción celebrada por los co-apoderados judiciales de las partes, en fecha 19 de diciembre del año 2016, en el Juicio por DESALOJO (LOCAL COMERCIAL), incoada por la ciudadana ARGELIA VICTORIA MEDINA, asistida por el abogado JAIME FERNANDO VERONA GONZÁLEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 30.409, en contra de la Sociedad Mercantil FERRETERÍA BOLIVARIANA, C.A., representada por el ciudadano JOSÉ MARTÍN CORRALES HURTADO, todos plenamente identificados en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se ordena expedir.....

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, Administrando justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en el presente juicio de cobro de bolívares seguido por el procedimiento intimatorio, seguido por el ciudadano JOSE GREGORIO TINEO, abogado en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 30.107, contra la empresa TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES TACARIGUA, C.A., debidamente inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 01 de noviembre del año 1990, bajo el Nº 22, Tomo A, folios 46 al 51 vto. habilitados del libro de Registro de Comercio llevado por ante ese Despacho, y con última modificación en fecha 23 de marzo del año 2001, bajo el Nº 25, Tomo A-10, e inscrit.....

En consecuencia, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede Constitucional declara INADMISIBLE de conformidad con lo establecido en el artículo 6, ordinal 5º, de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales la presente Acción de amparo constitucional.- Y Así se decide.-

Por lo antes expuesto, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la homologación al desistimiento de la presente acción presentada en fecha 01 de diciembre de 2016, por los ciudadanos ISABEL TERESA ESCOBAR DE CASTILLO y ALBERTO RAFAEL CASTILLO MASS, identificados en autos. ASI SE DECIDE.-